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Queda claro que en esta parte del mundo con amplias dosis de libertad económica (y de todo orden) no se caerá en aquella metodología como solución, aplicada en la famosa revolución cubana, puesto que allí todo ha decaído (desde la caña hasta el tabaco) a un ritmo aún más precipitado que en el país libre más desdichado de cuantos existen en el planeta, sin posible solución por el sistema económico autárquico (y utópico) que el régimen castrista ha creado, todo lo contrario que en nuestra región canaria con protección oficial de la Unión Europea.

En efecto:
A menos de cuatro meses del triunfo del castrismo en la mayor de las Antillas, el incipiente Gobierno revolucionario dictó la primera Ley de Reforma Agraria (común a todas las revoluciones) cuya elaboración previa se llevó a cabo en los locales ocupados por el mando del denominado Ejército Rebelde en el sector de La Plata (Sierra Maestra), el 17 de mayo de 1959 y que, al parecer, Fidel Castro ya había anticipado un primer borrador en Isla de Pinos mientras sufría condena por el frustrado asalto al Cuartel Moncada, en 1956.

El espíritu legislativo de esta revolucionaria y social Ley, en perjuicio de las grandes explotaciones en especial azucareras, proponía:

Se eliminarán los latifundios de nativos y extranjeros, al limitar la propiedad de la tierra a un máximo de 30 caballerías que equivalen a unas 402 hectáreas.
Se entregará la propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajarán y se liquidaron las rentas que se veían obligados a pagar, liberando a los campesinos de todo tipo de explotación y amenaza de desalojo.
Se liberaba a los obreros agrícolas de los míseros salarios, de las largas jornadas laborales, y de la constante amenaza del desempleo y del llamado "tiempo muerto", o periodo inactivo entre las zafras.
Estas medidas constituyen una de las primeras decisiones de carácter general. Para aplicación exhaustiva de dicho proyecto de Ley, promulgada para profundas transformaciones agrarias, se creó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). No obstante, en dicho momento, la Ley, dejaba intocable las propiedades de un considerable sector burgués en la explotación agropecuaria, pero se estudiarían acciones sucesivas para radicalizar el objetivo a seguir como consecuencia del programa revolucionario. Pero es que, además:

"La promulgación de esta medida, según consultamos en la historiografía cubana reciente, constituyó, además, una independencia del caciquismo agrario imperante en Cuba, libraba al obrero agrícola de la explotación directa de los terratenientes y capitalistas, nativos y yanquis (sic). Esta situación cesó cuando la Ley puso las tierras en manos de los campesinos que reciben las grandes plantaciones y sus infraestructuras, pero bajo directiva oficialista del nuevo estado cubano. Esta alianza entre obreros y campesinos reforzó ampliamente el proceso revolucionario emprendido y constituyó la base de la administración en que se basaría la Revolución. Además, apoyará y practicará nuevas medidas revolucionarias como fieles defensores del proceso, en aras de la construcción de una nueva sociedad cubana. Ésta era la idea propugnada fruto de la teoría de estos dirigentes que fue ampliamente seguida en aquellos momentos".

Pero no sólo es un hecho claro que Cuba es una gran finca propiedad de Fidel Castro (y allegados) sino que ahora se sabe que poderosos exiliados en Miami están comprando títulos de propiedades legalmente y que ya se hallaban inscritas en registros cubanos ¿Cómo resolverán los cubanos esta "papa caliente"?

*Titular de la Web Periodismo Histórico

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